¿A quién va a votar usted para el Senado el próximo 20 de noviembre? Sí, para el Senado. ¿No lo había pensado? Bueno, no se agobie, en realidad nos da igual a todos. Fuera de estas páginas, nadie se lo va a preguntar, ni siquiera los encuestadores. "No conozco ninguna encuesta electoral que haya preguntado por el Senado", confiesa el director general de Metroscopia, José Pablo Ferrándiz. Tampoco es que descarten hacerlo por principio. Simplemente, nadie se lo ha pedido. "No se publican encuestas sobre el Senado porque nadie las encarga", añade el responsable de los sondeos electorales que contrata EL PAÍS. "Supongo que esto revela el poco interés de la sociedad, los partidos políticos y los medios de comunicación". Al Gobierno tampoco le debe de interesar, porque ni siquiera el Centro de Investigaciones Sociológicas lo menciona en sus sondeos.

Pero el 20-N se eligen 208 senadores, cuatro por provincia más las islas y las ciudades autónomas. Se presentan en listas abiertas y se puede votar a tres en la papeleta, de igual o diferentes partidos. A esos se van a sumar 58 designados por los parlamentos autónomos. Los números son así de raros porque cuando se hizo la Constitución nadie se imaginaba que habría 17 comunidades autónomas ni que la población de España llegaría a los 45 millones (el número de senadores cambia de una legislatura a otra, en la pasada fueron 264 y en la próxima serán 266).

Nada más asentarse el Estado autonómico se vio la necesidad de reformar el Senado para responder a la nueva realidad. Tras algún intento serio, muchas llamadas al consenso y una palabrería asfixiante, nunca se ha hecho. Aunque los partidos siempre se declaran dispuestos a la reforma y los constitucionalistas sueñan con una "verdadera cámara de representación territorial", la idea de suprimirlo empieza a calar entre los expertos y se plantea abiertamente entre los políticos.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago Roberto Blanco es un conocido entusiasta de esta idea. "Si no estamos dispuestos a cambiarlo en serio, quitémoslo. Es una cámara inútil que no añade nada al proceso legislativo ni al control al Gobierno, y no le hace caso nadie, ni siquiera cuando veta los presupuestos". Y añade que "puestos a tener desvergüenza, se podría hacer por mayoría de tres quintos". No hace falta ni referéndum, se podría hacer igual que la reciente reforma constitucional.

Para no iniciados: el Senado tiene las mismas funciones que el Congreso. Puede proponer leyes, pero después debe enviarlas al Congreso para que inicie su trámite. Puede controlar al Gobierno, pero si no va, no pasa nada (ningún presidente fue antes de Zapatero). En su función de segunda lectura puede enmendar parcial o totalmente (veto) las leyes, pero el Congreso puede anular esa votación hasta por mayoría simple. Y si acaso tuviera la tentación de presionar al Congreso, la Constitución le impone un límite de dos meses para revisar una ley. Si pasa el plazo, se entiende aprobada.

En cuanto a su función de "representación territorial", en las dos cámaras se elige por circunscripción provincial y los parlamentarios (los designados también) se organizan en grupos partidistas, por lo que el Senado no añade nada especial a favor de los intereses autonómicos, que ya se defienden en el Congreso. Para Blanco, la democracia española "es un sistema de facto monocameral".

Gerardo Ruiz-Rico, catedrático de la Universidad de Jaén y expresidente de la Asociación de Constitucionalistas, reconoce la situación. "Los constitucionalistas no vivimos en una urna de cristal, hay una cultura política que está poniendo en cuestión la existencia misma del Senado". Él quiere dejar claro que no es plato de gusto: "Si va a seguir así y no vamos a reformarlo, tiene lógica cerrarlo. Pero lo digo con esa condición, forzado por el incumplimiento de las expectativas constitucionales".

Para dar la puntilla a las funciones del Senado, el Tribunal Constitucional ha sentenciado que la Cámara alta no puede aprobar ni rechazar leyes, sino solo introducir enmiendas. Y tampoco puede meter morcillas en cualquier ley si no tienen que ver con el objeto de la misma. El Senado tiene hoy las competencias legislativas de una comisión del Congreso.